En el caso de Infonavit pretende dar cumplimiento al requisito de acreditar la competencia citando el Acuerdo Número 45175 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1999 sin que logre tal extremo, ya que el mismo resulta ilegal en función de varias situaciones.
Resulta ya incuestionable que las autoridades al momento de emitir una resolución están obligados a fundar y motivar sus resoluciones y deben hacerlo precisamente en el texto mismo del acto de molestia.
Es cierto que no existe una escuela formal sobre como formar una pareja o para ser padres y sin embargo la mayoría de las personas nos aventuramos a tener esta responsabilidad sin mayor conocimiento al respecto que la propia experiencia.
A primera vista este Programa parece sumamente benéfico para los empresarios ya que tienen la oportunidad de regularizar su situación en cuestión de pagos pendientes sin la carga tan onerosa de multas y gastos de ejecución, lo cual sí tiene un fuerte efecto en las finanzas de las empresas.
Suele la autoridad emitir una resolución determinando un crédito a cargo del contribuyente que incluye tanto contribuciones como accesorios; en mi opinión la resolución resulta ilegal por dos motivos.
En atención al artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.
Como resultado de las visitas domiciliarias para la revisión en materia de EXPEDICIÓN de comprobantes fiscales la autoridad ha impuesto multas.
Desde hace ya varios meses el Instituto Mexicano del Seguro Social viene imponiendo multas del 40 % al amparo del artículo 304 de la Ley de la materia a los patrones por el supuesto incumplimiento de las cuotas obrero patronales.
Los días 6, 7 Y 8 de octubre de 2005 se llevó a cabo en nuestra ciudad la Convecnión Nacional de Sectores y Ramas Industriales de la CANACINTRA. Este evento tuvo por objetivo emitir un documento que contuviera las medidas para rescatar la planta productiva nacional.
Es ampliamente conocido que los Índices Nacionales de Precios al Consumidor hasta el año de 1999 fueron declarados ilegales por no cumplir con los requisitos que establecía el artículo 20- BIS del código Fiscal de la Federación para efectos de su cálculo.